Democracia antivida

Democracia anti vida



Oscar Lépiz Villegas

No es precisamente la promoción y la defensa de la vida lo que caracteriza el accionar de los tres poderes de la república costarricense. En otorgamiento de concesiones, aprobación de leyes y pronunciamientos de la Sala Constitucional la preocupación por la vida es la gran ausente.

La vida que es frágil y vulnerable a menudo está en manos de choferes irresponsables, conduciendo a velocidades temerarias, y convirtiendo las carreteras en autopistas de muerte. Pero esto pareciera no importar en este país.

El Estado es el llamado a garantizar en la carretera la vida de miles de usuarios que la transitan responsablemente; lo mismo que velar por la seguridad y el crecimiento de todos. Pero lo cierto es que la ineficiencia de políticos y las decisiones equivocadas de gobiernos, en los últimos treinta años, no han garantizado –según informe Estado Nación- ni las mejoras ni el mantenimiento del desarrollo humano.

Fueron años en los que disminuyó la inversión social, se descuidó la seguridad ciudadana y la construcción y reparación de carreteras, puertos y aeropuertos. Todo esto según analistas afectó la calidad de vida de mucha gente. La dictadura del dinero se sigue imponiendo sobre el derecho de muchos a vivir una mejor vida.

El grito de basta ya, es cada vez más frecuente en el país por la mala actuación de muchos políticos. Queremos ver y escuchar en las redes sociales y en las calles a más indignados por la flojera de tantos políticos.

Democracia como forma de vida

Más que la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes, que es lo que siempre hemos hecho, la democracia debe ser entendida como una forma de vida, que asegure mejor calidad de vida para todos.

Lo cierto es que en nuestro país pasa todo lo contrario. El ejercicio de nuestra democracia se ha caracterizado por la exclusión de grandes grupos del derecho al trabajo, la educación, la salud y la vivienda, por señalar algunos.

Se impone -afirman expertos- la presencia y la permanencia de una democratización de la vida, de una vida mejor para la población. No la vida del tugurio o de los barrios marginados, donde sobreviven niños hambrientos y sin futuro, cuyo fin es la cárcel.

El ejecutivo en lugar de pensar en más cárceles y más policías, debería preocuparse por salvar a los miles y miles de niños y jóvenes que viven en zonas marginadas. Cambiar esos lugares y transformarlos en espacios aptos para la vida, donde haya arte, deporte, recreación y educación, servicios de salud, trabajo y oportunidades para todos, eso también es democracia.

El compromiso de los tres poderes del estado debería centrarse en crear condiciones favorables en las comunidades, donde los ciudadanos encuentren la ayuda necesaria para crecer individual y socialmente como personas, disfrutando de calidad de vida. Sin abandonar lo macro centrar también esfuerzos y recursos en lo micro.

Ley de tránsito y protección de la vida

Las regulaciones contenidas en la actual ley de tránsito, tales como límites de velocidad, semáforos, falso adelantamiento, cruces peatonales, están pensadas para proteger la vida.

¿Se trata de una ley meramente penal, o de una ley trascendente? Se trata de una ley que va más allá de la simple desobediencia: de dar la vuelta en U, de adelantar en curva, de sobrepasar los 120 Kph. Se trata de una ley (aunque algunos legisladores de la comisión especial no lo piensen así), que busca proteger la vida del conductor y de gente inocente, cuya vida vale más que cualquier multa y que cualquier proporcionalidad.

Se trata de una ley cuyo cumplimento está ordenado al bien común de los ciudadanos, que es la protección de su derecho a la vida y de sus grandes valores, como la salud, la integridad física y el respeto de los bienes materiales, por lo que su cumplimiento es obligatorio.

Para realizar este objetivo se debe comenzar a educar y a sensibilizar a a la población desde preescolar, escuela, colegio, universidades, iglesias, sindicatos, municipios y asociaciones. Mientras ese proceso se va concretando se debe crear una ley que sancione fuertemente a los infractores irresponsables con penas severas, y no con el ridículo monto de cinco mil colones. La protección de la vida merece todo eso y más.

Sala IV, proporcionalidad y vida

El último fallo de este tribunal relacionado con las multas por el exceso de velocidad, no se fundamenta precisamente en la protección de la vida, sino en la protección de los “ingresos”. El parte por manejar a altas velocidades varió de trescientos cincuenta y seis mil colones a cinco mil, según lo indicó la Sala, y esto por el alto costo de las sanciones que no guardan proporcionalidad con el ingreso de los costarricenses.

La vida sufre hoy una de sus mayores amenazas por el exceso de velocidad en las carreteras, y esto pareciera no importar a nuestros tribunales ni a ciertos diputados de la comisión especial que estudia la ley de tránsito. ¿Cuántos costarricenses más tendrán que morir atropellados para que esta ley se apruebe?

A la Sala Constitucional le preocupó más la desproporción entre multas e ingresos que los riesgos de muerte que enfrentan choferes y gente inocente. Los límites de velocidad están pensados para proteger vidas; las multas ridículas para alcahuetear.

Los que reclaman por el alto monto de las multas que cumplan la ley y respeten la vida; y dejen de poner en peligro la vida de personas inocentes.

Señores Magistrados, muy contentos deben de estar los que corren a altas velocidades por nuestras carreteras con la ridícula multa impuesta. Seguirán infringiendo la ley, y poniendo en peligro la vida de otros, ya que la suya no les interesa.

Meses atrás, ya la Sala había rebajado de ¢237.000 a ¢15.000 la multa por conducir sin cinturón de seguridad, y de ¢205.000 a ¢10.000 por no tener la revisión técnica al día. Siempre interesa más el dinero que la vida. El gran problema para la Sala sigue siendo el alto costo de las multas, no el abuso de ciertos conductores en carretera, que debería penarse severamente. Seguirá muriendo gente inocente, y seguirá la alcahuetería de las ridículas multas de cinco mil colones por exceso de velocidad.

¿Para qué democracia si a nuestro tribunal constitucional le preocupa más el alto precio de una multa por exceso de velocidad que la vida.

COSEVI y el MOPT desfinanciados

También allí se reclama por las rebajas de las multas, pues se les echó a perder el negocio, ya no habrá plata para sus “proyectos”. Pareciera que en este país todo se pega, sobre en todo en los “supremos” poderes. A ellos les interesa también más el dinero que la vida de mucha gente.

La rebaja en las multas por velocidad impactará la construcción de puentes peatonales, compra de equipamiento para los oficiales de Tránsito, demarcación vial y los programas de prevención de accidentes, indicaron funcionarios de COSEVI y del MOPT.

Entre tanto, el ministro Jiménez manifestó que, de 15 puentes que se pretendía construir en el 2012 con recursos de seguridad vial, “con este golpe, si acaso vamos a poder construir dos”.

El jerarca lamentó lo decidido por Sala Constitucional, destacando que se puede debatir la proporcionalidad del monto de las multas, pero llevarlas a ¢5.000 ni siquiera permitirá cubrir los costos del parte.

Mientras tanto la vida sigue siendo la gran ausente en la democracia costarricense. Para COSEVI y el MOPT se acabó el negocio de las cámaras y de las multas. El dolor es por la plata que dejará de cobrarse no por las vidas destruidas y por las que siguen corriendo peligro en las carreteras.

Comisión especial juega pin pon

Diputados oficialistas y de oposición se acusan mutuamente por el estancamiento de la ley de tránsito en la Asamblea. Entre precio de multas y cantidad de alcohol está el problema, afirman algunos. Unos a otros se culpan porque el proyecto no camina.

Avendaño y otros diputados señalan que es grave que el nuevo proyecto de ley le dé la espalda a la cero tolerancia, y que ahora se esté discutiendo elevar el porcentaje permitido de alcohol, de 0,5 gramos a 0,75.

Por su parte diputados del PLN y algunos de PAC destacan que el asunto del alcohol es lo que no los deja avanzar.

¡Cuánto vale una vida para que ellos sigan discutiendo sobre porcentajes! No hay que olvidar que el licor ha provocado el 7% de las muertes en carretera; y si el porcentaje ha bajado ha sido por la alcahuetería del “chofer designado”, no porque los choferes tomen menos.

Señores diputados legislen en favor de la vida y no en favor de la muerte y de los intereses de sus partidos. ¿Qué otros intereses estarán defendiendo nuestros diputados, en la discusión de los proyectos de ley de tránsito, control del fumado y fertilización in vitro?

Como para quedar bien con la opinión pública y después de meses de controversia, aparece nota en la Nación (25 enero), señalando que Avendaño y PLN acuerdan tregua para ley de tránsito y así no bloquearla más. Se acordó también mantener la pena máxima de tres años de prisión para conductores con 0,75 miligramos de alcohol en la sangre o más. Hay gente que se pregunta, cuánto durará y a dónde nos quieren llevar con esta tregua.

La diputada Martín explicó que este proyecto está en su segundo periodo de mociones, de cuatro que permite el reglamento, por lo que el plenario no podrá debatirlo, hasta que se discutan todas las las iniciativas.

Tienen la palabra los diputados de la comisión especial y el plenario legislativo para aprobar una ley de tránsito que valga la pena, y que ayude a evitar más muertos y heridos en carreteras. La vida merece ser valorada y tomada en serio.

No olvidar que la democracia es una forma de vida que debe garantizar, con la colaboración de los tres poderes de la república y de todos los conductores, entre otros, una mejor vida para todos los costarricenses en las carreteras.