¿Para que más impuestos si hay plata ociosa en abundancia?

Paquete de impuestos “Solidaridad”

¿Para qué más impuestos si hay plata ociosa en abundancia?

                                                 Oscar Lépiz Villegas

·         Hay millones de millones de colones ociosos

·         Primero bajar el gasto y mejorar recaudación

·         Reforma distributiva y equitativa

·         Impuestos afectan a clase media

·         Encarar grave problema de la evasión

·         Nos recetan aumentos por todas partes

Mucha gente se pregunta, ¿para qué un nuevo paquete de impuestos, si en las arcas de instituciones autónomas y descentralizadas del estado hay millones de millones de colones ociosos? Grupos organizados, economistas, empresarios, sindicatos y diputados exigen al gobierno bajar el gasto público y controlar la evasión antes de subir impuestos.

Antes de aprobar nuevos impuestos tener en cuenta otras alzas que están golpeando también los derechos de los más pobres, como son, entre otros, combustibles, servicios y alimentos.  El gobierno habla de reforma fiscal y de lo que se trata es de un paquete  más de impuestos, que en el mejor de los casos disminuiría el déficit fiscal en el corto plazo.

La historia se repite, pues el país no ha conseguido, de manera significativa, transformar la regresiva estructura tributaria vigente. Una verdadera reforma fiscal debe ser distributiva, de los ricos a los pobres, fomentando la equidad, a través de impuestos directos, y disminuyendo la inhumana brecha social que nos caracteriza.

Los impuestos y el sistema tributario son significativos pero para cambiar la injusta distribución del ingreso y minimizar los crueles niveles de desigualdad vigentes.

Impuestos y estado

Tributar es esencial para que el estado pueda financiar políticas orientadas a disminuir las brechas sociales, pero en general, este resultado redistributivo no se logra. Todos estamos de acuerdo en que el estado necesita fondos sanos para lograr el desarrollo social, económico, cultural y político de nuestro pueblo. En lo que no se está de acuerdo es en el modo de gastar y en el derroche de esos dineros.

Para el gobierno es necesario un ajuste fiscal del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para estabilizar las finanzas públicas, y así poder hacer frente a todos sus compromisos. De no aprobarse el paquete tributario, mal llamado “Paquete Solidaridad”, según el gobierno, habría que hacer tres recortes en el gasto para reducir en un 2.5% el déficit fiscal. (Con amenazas y miedos no se logrará el respaldo requerido).

Los tres recortes serían eliminar el 31% de la planilla del gobierno central, lo que equivaldría a despedir a 39 mil personas, produciéndose de esta manera más miseria; suspender parcialmente el pago de la deuda pública, lo que traería serios problemas al gobierno; reducir los pagos por pensiones, con cargo al presupuesto nacional; y finalmente reducir el presupuesto a la educación, limitándolo en un 4.5%, en lugar del 8%, como pareciera ser la aspiración del país.

Voces que enriquecen

Según información del Semanario Universidad, los tributos propuestos por el gobierno no convencen a economistas, para quienes la reforma sí afectaría principalmente a la clase media.

En la propuesta todos los servicios estarían gravados con un 14%  al valor agregado (IVA) y los ahorros con un 15% del impuesto de la renta. Este aumento del 1% del impuesto de ventas, se convierte en un impuesto  indirecto, que todos pagarían por igual. Según Fernando Herrero, ministro de Hacienda, el nuevo tributo afectaría a la educación y medicina privadas, lo mismo que al agua y la luz, exceptuando sus consumos básicos.

Para el economista Helio Fallas se trata de un impuesto regresivo (indirecto), aunque podría haber casos en que afecte a gente de altos ingresos, contradiciendo con esto a Herrero, para el cual el 60% de su propuesta recaería en el 20% más rico del país.

Herrero solicitó a los diputados la aprobación de “Solidaridad”, pues, entre otros gastos, hay que financiar salarios, pensiones y deuda; además existe gran cantidad de exoneraciones que benefician a grupos de ingresos mayores que hay que eliminar.

Según Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA), una verdadera reforma fiscal no abarca solo impuestos, debe tener en cuneta la  transformación del sector público en su aptitud de ejecutar tareas, rendir cuentas y examinar cuáles instituciones del gobierno cumplen con sus objetivos.

Aseguró que la mayor carga tributaria afectaría a los asalariados, sobre todo del sector público, señalando además  que otro asunto a considerar sería el instrumento para recaudar los impuestos. Además  el IVA afectaría los servicios del sector profesional y según la gente son muchos los profesionales  que defraudan al fisco, como si se tratara de un deporte.

Según fuentes oficiales esta evasión alcanza unos 500 mil millones de colones, suma que pretende juntar Solidaridad.   

Henry Mora del Observatorio de la Coyuntura de la UNA respaldaría una reforma tributaria que encare el grave problema de la evasión, y promueva, en la Legislación Tributaria, modificaciones sustanciales que ataquen los muchos defectos legales y administrativos que admiten, hacen posible y hasta promueven la evasión. Por eso el gobierno debe ser  claro en sus metas de recaudación; señalar cómo se modificaría con la propuesta la actual estructura tributaria, lo mismo que los objetivos en cuanto a evasión, eficiencia y recaudación.

El gobierno debe garantizar a los ciudadanos cómo va a invertir los nuevos recursos, centrándose de manera especial en educación, salud, seguridad ciudadana e infraestructura, enfatizó Mora.

En declaraciones a la prensa empresarios manifiestan estar opuestos al plan fiscal pues afectaría la recuperación. La crisis económica no se ha superado y el empleo y el crédito no han repuntado, por lo que declaramos que éste no es el momento oportuno para hablar de nuevos impuestos.

El proyecto “Solidaridad” no tiene un capítulo sobre garantías y derechos del contribuyente, ni define qué hacer con los funcionarios públicos que incumplen con sus obligaciones. También exigen medidas precisas que mejoren la recaudación y simplificación del cobro, acotaron los empresarios.

Debate en la Nación

Para Herrero la reforma fiscal  es necesaria para cubrir el déficit fiscal del 2010 que alcanzó el 5.3%, y además sin ella, en el 2011, el déficit sería del 5.5%, y en el 2016 un 10% del PIB, resultando de esta manera insostenible.

La Política Nacional de Sostenibilidad propuesta busca el equilibrio fiscal a favor del pueblo costarricense, basándose en dos pilares, responsabilidad en el gasto y solidaridad y justicia en la recaudación. Este proyecto ayudaría a grupos de pequeños ingresos a ser excluidos del sistema tributario, y a los grupos medios a hacer pagos moderados. El nuevo tributo de la renta lo pagaría el sector de entradas altas, lo que destacó como novedoso Herrero.

El economista Claudio Ansorena califica de correcto el impuesto del IVA, como bueno los gravámenes al capital, y como malo lo parcial, insuficiente e insostenible que es el proyecto. Lo mejor de esta reforma es que se pasa de un impuesto de ventas al IVA, incluyendo al sector servicios e incrementando su base impositiva; además  de brindar mejor información para lograr una fiscalización más eficiente.

Reconoce el economista que el gravamen a la renta y la exoneración de una canasta básica más disminuida  ampara un método  más justo y equitativo de impuestos, aunque al mantener un 68% de impuestos indirectos contra un 32% de los directos no favorece una mayor equidad. En cuanto a gravar los servicios de salud y educación privados –advierte- que no repercuten necesariamente sobre los grupos de ingresos más altos, sino sobre las clases medias profesionales.

El énfasis en aumentar impuestos y casi no tocar el problema del gasto, ni mejorar la lucha contra la evasión, convierten la propuesta en un esfuerzo parcial, insuficiente  e insostenible. Hacienda debería mejorar la recaudación y disminuir la evasión antes de pedir nuevos impuestos,  concluyó Ansorena.

El economista y exministro de Comercio Exterior Alberto Trejos  - manifestó- que el ajuste fiscal es necesario y conveniente para no seguirnos endeudando, ya que no basta con cortar gastos, pues la mayoría de ellos son salarios, pago de intereses, compromisos constitucionales y pensiones, difíciles de tocar. Además el estado que todos soñamos defiende más a los necesitados, colabora con el aparato productivo y satisface necesidades en educación, seguridad e infraestructura y salud, y todo esto cuesta plata.

Para Trejos lo mejor del proyecto es el ajuste de un punto al impuesto de  rentas, lo mismo que la eliminación de las exoneraciones. Eso sí, lo que más me preocupa son sus omisiones, pues  no  se cierran los portillos a la evasión del impuesto de la renta, ni se consolida en ningún momento una declaración global  que se aplique al total de lo devengado. Tampoco grava lo que algunos ganan en el exterior, ni el ingreso interno disimulado como externo.

Por su parte Román Macaya, empresario y excandidato del PAC –apuntó- que esta reforma fiscal no se aprobará con amenazas a la Asamblea Legislativa, haciéndola así vulnerable al chantaje, amenazas, demagogia y politiquería. El gobierno tiene que aclararle al país de qué manera va usar los nuevos fondos adquiridos de los impuestos y quiénes los van a administrar.

Dinero hay y suficiente

Aunque la Presidenta Chinchilla y su ministro de Hacienda digan que el gobierno no tiene dinero y que el déficit no se puede controlar, lo cierto es que lo hay y por miles de millones. Escondido o sin uso, pero hay.

Declaraciones de la Fracción del PUSC basadas en estudios de la Contraloría aclaran que hay unos dos billones de colones (millones de millones) ociosos en instituciones públicas, que suman cuatro veces lo que el gobierno espera recoger con su proyecto “Solidaridad”. Además se pueden captar otros recursos de gastos “superfluos”, que se “despilfarran”  en las instituciones públicas, sin que se tomen las medidas de contención adecuadas.

Cuenta el diputado Fishman,   en artículo publicado en la Nación, que en reunión con la presidenta Chinchilla y su equipo económico les probamos, con estudios del ente  Contralor, la existencia de multimillonarios superávits en instituciones autónomas, que perfectamente pueden financiar el déficit fiscal y limpiar las finanzas públicas.

Se dice que no hay dinero y el superávit alcanzó en el 2010 el monto de un billón 379.816 millones de colones. Denuncia el diputado que también existe un categoría presupuestaria, llamada “sumas libres sin asignación”, que para este año tiene un monto de más 490 millones de colones.

Ante este serio planteamiento la Presidenta ordenó crear una comisión, donde participaría la fracción del PUSC, para ubicar esas sumas de dinero, y cuánto podría usarse para rebajar el déficit, explicó el legislador.

Estos diputados solicitaron al Banco Central, a la Contraloría y a Hacienda la debida información para poder utilizar esos millonarios recursos.

Con tantos millones que andan por ahí, nos preguntamos, ¿para qué hacer sufrir más a las clases medias y a los grupos asalariados con el incremento de nuevos impuestos, mientras aquellas instituciones descentralizadas nadan en la abundancia. También llamamos la atención de la Presidenta con relación a la estructuración de los presupuestos para este año, donde hay partidas superiores a los 400 mil millones de colones para financiar una planilla paralela, gastos por servicios especiales y otros pagos y servicios de gestión y apoyo.

Del mismo modo  habría que revisar  –terminó  Fishman-  los montos por casi 70 mil millones de colones para gastos de información, publicidad y propaganda y los 64.400 millones que se gastarían en alquiler de edificios, locales y terrenos.

Por eso y por muchas otras razones afirmábamos al principio, que dinero hay y suficiente. Lo que pasa en este país es lo que ha sucedido casi siempre, se guarda muchísimo dinero, como si no hubiera necesidades, esperando que algunos lo usen….

Cinco errores ético-políticos de la propuesta

Quisiera terminar estos comentarios con unos aportes del economista Henry Mora, aparecidos en el País.cr.

Costa Rica históricamente no ha logrado cambiar de manera importante la estructura tributaria vigente ni conseguir que su administración sea capaz de enfrentar con efectividad los delitos de la evasión y el fraude fiscal. Todas las reformas aprobadas se han cobijado con la pretendida justicia tributaria, pero ninguna obtuvo resultados satisfactorios. Todas garantizaron atacar la evasión, pero ésta continúa siendo escandalosamente alta, en sociedades y profesionales liberales.

Agrega que los cinco errores ético-políticos de la presente propuesta son:

1-      No aprender de los errores del pasado en materia de impuestos. No se ha logrado transformar significativamente la regresiva estructura vigente ni enfrentar  la evasión y el fraude fiscal.

2-      Pretender aplicar a la realidad costarricense modelos tributarios de otras latitudes.

3-      No entender que un impuesto vale lo que la administración encargada de aplicarlos.

4-      Darle la espalda a todos los ciudadanos no tomándolos  en cuenta.

5-      Restar importancia a la responsabilidad fiscal y a los debidos usos de los nuevos tributos. Es importantísimo que los ciudadanos crean que los nuevos impuestos se van a utilizar idóneamente y para los fines diseñados.

Para finalizar, Henry Mora propone que “la Política de responsabilidad fiscal del gobierno debería transformarse en una ley que ponga coto al despilfarro, a la ineficiencia, al clientelismo y la corrupción. Quizás con esto los ciudadanos vuelvan a creer en la importancia de una carga tributaria suficiente, que el país no tiene”

Una verdadera reforma fiscal debe ser distributiva de los ricos a los pobres, fomentando la equidad  a través de impuestos directos y disminuyendo así la inhumana brecha social que nos caracteriza

triunfo de pueblos indígenas

Sentencia a la Chevron-Texaco, un triunfo de la humanidad

Alberto Acosta

Rebelión

“La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona.”  
 Voltaire  

“La sentencia más esperada de los últimos 17 años acaba de hacerse pública ”. Con esas palabras se difundió la noticia. Nicolás Zambrano, juez de la Corte de Nueva Loja, reconoció que la compañía estadounidense Chevron-Texaco es culpable de la destrucción ambiental y social que provocó en la Amazonía ecuatoriana, durante sus 26 años de operación. El dañó que ocasionó la compañía Chevron-Texaco supera largamente la destrucción que ocasionó la BP en el Golfo de México.
El Juez dictaminó que la Chevron-Texaco debe pagar al menos 8 mil millones de dólares por los daños causados. En la sentencia se dictamina también que la transnacional estadounidense debe pedir disculpas públicas en Ecuador y los EEUU a las víctimas por el crimen cometido. Si no lo hace en 15 días, el monto económico a pagar se duplicaría a más de 16 mil millones de dólares. Esta es, a no dudarlo, otra señal poderosa de la sentencia… ¡el dinero no es todo!
La historia de este caso es larga…
Desde la segunda mitad de la década de los sesenta, las actividades petroleras, que se iniciaron con la compañía Texaco en alianza con la Gulf, han atropellado masivamente la biodiversidad y el bienestar de la población de la Amazonía. Las comunidades indígenas y los colonos han sufrido innumerables atropellos a sus derechos más elementales, en nombre del mítico bienestar de toda la población.
Con esta sentencia el discurso sobre la importancia de la región en tanto suministradora de recursos financieros se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia solamente por la revalorización de sus recursos naturales en función de la acumulación de capital, especialmente transnacional, aún cuando estas actividades pongan en riesgo la vida misma. Esta ha sido una de las mayores necedades de la maldición de la abundancia… de recursos naturales.
Para los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, el choque con la civilización occidental, en su peor versión la petrolera, ha significado un cambio radical en su vida e incluso la perdida de vida. No sólo dichos pueblos, también los colonos de la Amazonía norte del Ecuador han sufrido un sinnúmero de atropellos a sus derechos elementales. Vale anotar que los niveles de pobreza en la Amazonía, sobre todo en las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana, son más elevados que en el resto del país.
La resistencia de las comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo jurídico de trascendencia internacional. Es conocido el “juicio del siglo” que han llevado, desde hace 18 años, las comunidades y los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Chevron-Texaco (Texpet, en Ecuador). Es bueno recordar que de esta resistencia surgió el clamor por una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, que cobijó el surgimiento de la Iniciativa Yasuní-ITT.
Los argumentos que se expusieron en contra de Chevron- Texaco son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a la Naturaleza sino que también se evidencian consecuencias en la salud de la población. El juez Zambrano de la Corte de Nueva Loja, superando todo tipo de presiones de la compañía Chevron-Texaco y sus abogados, ha dado la razón a los demandantes.
Con este juicio, más allá de su desenlace, se sienta un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta, que trabajó entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. En ese lapso, esta compañía perforó 339 pozos en 430.000 hectáreas . Para extraer cerca de 1.500 millones de barriles de crudo, vertió miles de millones de barriles de agua de producción y desechos, y quemó billones de pies cúbicos de gas.
Sabemos que las primeras fuentes de contaminación en el área de la concesión de Texaco son el petróleo crudo, los lodos de perforación y otros aditivos, así como las aguas de formación que fueron arrojadas en el ambiente desde inicios de 1967. Esta contaminación afectó suelos, agua subterránea y superficial. Es más, esta contaminación persiste en el ambiente hasta la actualidad.
La primera causa de la contaminación encuentra su origen en las operaciones de exploración y explotación conducidas por Texaco. Sus prácticas y políticas ambientales eran inadecuadas. No empleó controles ambientales. Manejó incorrectamente desechos de pozos de producción, descargó el cien por ciento del agua de formación en los arroyos y ríos, quemó gases en la atmósfera, sufrió docenas de derrames por causas diversas… son algunas de las conclusiones que presentaron las decenas de peritos convocados en el juicio.
Los suelos en estaciones de la Texaco y en los pozos de extracción petrolera contienen hidrocarburos de petróleo y metales en concentraciones que son muchas veces más altas que los estándares para limpieza ambiental en Ecuador y en otros países del mundo. El agua subterránea bajo los pozos de desechos está contaminada por encima de los estándares ecuatorianos. Cuando el agua de producción fue arrojada directamente desde las estaciones durante las operaciones de la Texaco, se contaminaron ríos, arroyos, pantanos y suelos con petróleo, metales y sales en concentraciones que eran mucho más elevadas que los estándares ecuatorianos. La vida de seres humanos, de plantas y de animales fue y continúa siendo impactada por la contaminación. La contaminación ambiental está suficientemente documentada.
En el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de los operadores de compañía en contra mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social. Se afectó básicamente la territorialidad, alimentación y tradiciones culturales de los pueblos indígenas en el área de la concesión. Es más, sobre Texaco pesa también la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris, a más de todos los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, además de perjuicio a los colonos blanco-mestizos.
La remediación ambiental, conducida por Texaco entre 1995 y 1998, fue una estafa en toda la línea, contando con la complicidad de las autoridades gubernamentales de ese entonces.
No nos olvidemos que en muchos gobiernos la Chevron-Texaco contó con el respaldo de altos funcionarios y también de una parte de la prensa nacional. Así esta empresa transnacional pudo sostener una intensa y multimillonaria campaña para tratar de demostrar su inocencia, tanto dentro de Ecuador como en los Estados Unidos. Durante la primera fase del proceso pretendía escaparse de las leyes estadounidenses, ahora se empeña en demostrar que la justicia ecuatoriana está politizada y que los datos de los peritos, son “una suma de cifras delirantes sin sustento científico”.
Si bien resulta imposible poner precio a la Naturaleza, pues la vida es inconmensurable, el daño se ha cuantificado en miles de millones de dólares por todos los daños provocados. A las complejas cuentas anteriores habría que añadir materiales utilizados sin pago, el trabajo mal remunerado, así como las enfermedades (los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3%). Los 8 mil o 16 mil millones de dólares son insuficientes para reparar a las víctimas y para la restauración de la Naturaleza.
Esta sentencia, en suma, supera el ámbito amazónico. Rebasa lo que tarde o temprano tendrá que pagar Texaco. Su accionar, como lo haría décadas más tarde la BP y otras tantas empresas extractivistas en diversas partes del planeta, afectó a toda la Humanidad.
Esta sentencia, por lo tanto, constituye una oportunidad para sancionar y frenar la contaminación provocada por la actividad petrolera y minera, que se sostiene por la combinación del poder político con el poder transnacional sobre el discurso que alienta la explotación del petróleo (y ahora en Ecuador de la minería a gran escala) como base para conseguir el desarrollo; discurso que sostiene una política de ocultamiento de la realidad, intimidación de quienes se oponen, de humillación y olvido para las víctimas...
Con esta sentencia emerge con fuerza la necesidad de una justicia ecológica global que haga realidad los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en el mundo. La vigencia de estos Derechos exige la existencia de marcos jurídicos internacionales adecuados, teniendo en consideración que los problemas ambientales son temas que atañen a la humanidad en su conjunto. Por lo tanto esta sentencia en contra de la Texaco representa un triunfo de la Humanidad.-

Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

rCR

Derechos del clima o capitalismo verde

Cumbre de Cancún

Derechos del clima o capitalismo verde

                                                                              Oscar Lépiz Villegas

Acuerdos de la Conferencia COP16, organizada por las Naciones Unidas (ONU), sobre el cambio climático, y celebrada en Cancún, México,, al igual que Copenhague, amenazan de muerte no sólo al Protocolo de Kioto, sino también a la misma humanidad, pues de concretarse lo allí acordado, el planeta sufrirá un incremento de cinco grados Celsius, convirtiéndose en tierra inhóspita para toda vida.

A pesar de los aplausos y abrazos y de la euforia de la mayoría de los participantes en la clausura, Cancún se convirtió en una cumbre de mínimos, donde los países del sur fueron incapaces de protestar contra las exageradas emisiones de gases de los países ricos, ni de hacerles ver sus responsabilidades históricas en la contaminación del Planeta, y de la consiguiente deuda ecológica para con nuestra Madre Tierra.

La gran preocupación de nuestro país con respecto a la cumbre de Cancún, según información de la Nación, se focalizaría en cómo crear programas de mitigación y de reducción de emisiones, para conseguir recursos económicos acordados en la cumbre y financiados por países desarrollados, pero que aún no se sabe de dónde saldrán.

Bolivia fue el único país en desacuerdo con los textos finales, indicando que esa clase de programas mercantilizan los bosques.

Gobierno conforme con Cancún

Según publicó la Nación nuestro país (gobierno) está satisfecho con los acuerdos de Cancún, pero advirtiendo que no son perfectos, y destacando los beneficios que el país puede obtener de ellos.

El jefe de la delegación y viceministro del Ambiente –enfatizó- en los beneficios económicos que podríamos alcanzar para financiar programas de reducción de misiones, de forestación y de medidas de mitigación.

Agregó que mejoras en el transporte público, infraestructura, gestión de residuos y energías renovables, entre otros, ayudarían a lograr beneficios económicos prometidos en la cumbre.

Costa Rica tiene interés en crear un fondo verde para financiar proyectos de adaptación y mitigación frente al cambio climático, y para esto se habló con la Unión Europea para obtener su colaboración.

En ese sentido Bolivia criticó y rechazó los textos del acuerdo pues favorecen este proceder, terminando todo en dinero y en la mercantilización de los bosques.

Críticos afirman que países desarrollados ofrecieron millones de dólares a países pobres para la creación de fondos verdes que los ayudaran a ajustarse y moderar los efectos del cambio climático, con tal de que se  olvidaran de los acuerdos vinculantes de Kioto.

Cancún acuerdo de mínimos

Se habló de seguir negociando y de continuar con un segundo período de compromisos, dentro del acuerdo de Kioto, pero sin mencionar cuando ni asegurar nada; más bien se mantiene la puerta abierta para destruir los acuerdos vinculantes del Protocolo, favoreciendo a los países ricos y condenando a la ruina al Planeta Tierra.

En cuanto a la reducción de emisiones, éstas se dejan a la “buena voluntad” de los países, sin acordar una cifra de recortes. Por supuesto que se confirman herramientas de flexibilidad para los países ricos, en cuanto al cumplimiento de lo acordado en Kioto.

Estas medidas no son solo insuficientes sino que no tienen instrumentos de comprobación apropiadas.

En los acuerdos a largo plazo se sigue pensado en los bosques como “nuevos depósitos” de carbono, apuntando al comercio de emisiones.

Se crea un ”Fondo Verde” con recursos, sobre todo de países desarrollados, para auxiliar a naciones pobres a afrontar, mitigar y ajustarse a los efectos del cambio climático, invitando al Banco Mundial a jugar un rol fundamental.

Este fondo proyecta reunir y distribuir unos cien mil dólares al año, hasta el 2020 para apoyar los esfuerzos de aquellos países, y favorecer el uso de tecnologías limpias no contaminantes.

Analistas se preguntan, este fondo, de qué se trata, de donaciones o de préstamos. Como que la cosa no está muy clara.

Entre otras cosas, también se acordó establecer un comité de adaptación, de apoyo y acompañamiento en la creación de planes de protección frente a los cambios del clima.

En cuanto al programa de Reducción de emisiones por degradación (REDD) se lo presenta como una herramienta para la reforestación de los bosques, siendo más bien un plan que propicia la privatización.

Lo cierto es que Cancún se perdió en lo mínimo y se “olvidó” de lo máximo, Kioto. Expertos agregan que se puede calificar esta cumbre, como de mucho ruido y pocas nueces.

Voces de amigos de la tierra

Ricardo Navarro (El Salvador). “Solo en el Palacio de la Luna (Hotel de las negociaciones) un instrumento legal como el Protocolo de Kioto termina por beneficiar a los países ricos responsables históricos del cambio climático, aunque no reduzcan sus emisiones. Lo que se discute en la Luna no refleja lo que pasa en el Planeta Tierra”.

Lucía Ortiz (Brasil). (Rechazamos un acuerdo sobre bosques que más que buscar su preservación, los valora económicamente de acuerdo al carbono que almacenan, y abre la puerta a más comercio de emisiones, para favorecer a las naciones más poderosas y más contaminantes”.

Grace Herrera (Costa Rica) “Solo a un grupo de imbéciles se le puede ocurrir invitar al Banco Mundial a recibir fondos del clima, con el historial inmenso que tiene de financiamiento de los proyectos más sucios del mundo y de condicionamientos de muerte a nuestros pueblos”.

Domingo Ledrón (México). “Textos de Cancún no responden bajo ninguna circunstancia a la urgencia de lo planteado por la ciencia, y provocarán un aumento de temperatura mundial promedio de más de cinco grados. Actualmente con el aumento de un grado, los impactos del cambio climático ya son gravísimos. Cada año mueren unas 300 mil personas por el cambio climático y desastres naturales y sociales”.

Pablo Solón (Bolivia). “Rechazamos que se amplíe la posibilidad de nuevos mecanismos de mercado, como si fueran una varita mágica, así como que se otorgue un papel temporal al Banco Mundial para gestionar el nuevo Fondo Verde de ayuda a los países en desarrollo”-

Evo Morales (presidente Bolivia). “Si algunos pequeños países aceptaron (aquellos textos) fue por plata, y con la plata no vamos a reducir la temperatura. Tal vez puede ayudar en algo, en la mitigación y la reforestación, pero jamás con la plata vamos a reducir la temperatura”.

Foro por la justicia climática (Cancún). “Exige una transición justa a un cambio profundo del modelo de producción y consumo, reivindicando medidas como, compromisos de reducciones obligatorias de las emisiones de gases de efecto invernadero, para estabilizar el aumento global de la temperatura en un máximo de 1.5 grado Celsius. Reparaciones y compensaciones de la deuda ecológica y los crímenes climáticos, y el fin de falsas soluciones tecnocráticas, basadas en la economía de mercado”.

Según declaraciones de los sociólogos, Josep María Antentas y Esther Vivas, salvar el clima requiere poner en práctica políticas que “toquen el corazón del actual sistema de producción, distribución y consumo, y no nuevos retoques cosméticos”.

De lo que se trata –enfatizaron- es de unir el combate por la justicia climática con la justicia social, y de huir de las falsedades del capitalismo verde y del barniz ecológico de las políticas social-liberales.

En fin Cancún es un acuerdo macro, y los países participantes, excepto Bolivia, no han hecho compromisos concretos de reducir emisiones, ni tampoco se han establecido instrumentos de control-

Estos dos temas, según se acordó, serán analizados en el próximo encuentro para el cambio climático convocado por la ONU, en diciembre del 2011, en África del Sur.