Agua derecho humano constitucional
Oscar Lépiz Villegas
Mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el agua como un derecho humano universal, en la Asamblea Legislativa diputados del partido Liberación Nacional le quitan el respaldo para elevarlo norma constitucional, maniobra que según expertos huele a tambores de privatización.
La ONU con 122 votos a favor, ninguno en contra y 44 abstenciones resolvió declarar el acceso al agua potable como un derecho humano, y urgió a la comunidad de naciones garantizar ese derecho a sus poblaciones.
Sin agua potable males y enfermedades se esparcen rápidamente. El agua es esencial para la vida, sin agua, la muerte sobreviene en tan solo unos pocos días. Sin lluvia o agua de riego, los cultivos se pierden y la biodiversidad.
Acueductos y Alcantarillados (AyA) abastece de agua potable a una población de 2.3 millones, las ASADAS (Acueductos rurales) la suministran a 1.2 millones de personas y 27 acueductos municipales la llevan a 550 mil individuos.
Grupos nacionales y extranjeros solo ven al agua como un bien económico, como un artículo más del mercado, lo que inevitablemente lleva a su privatización y mercantilización. El negocio del agua en nuestro país sigue siendo un plato favorito para los intereses de empresas transnacionales.
Tambores de privatización
Mientras en el mundo se habla cada vez más de guerras por el agua, en la ONU se la declara como un derecho humano, y en la Asamblea Legislativa de nuestro país, diputados del partido Liberación, apoyados en declaraciones del Ministro del Ambiente, afirman que este líquido cuenta con suficiente apoyo legal, quitándole de esta manera el respaldo para elevarla a norma constitucional, y declararla como un derecho humano.
Esto es fundamental, pues las leyes se revisan y se cambian, sobre todo cuando aparecen los grandes negocios, y el agua es uno de ellos.
En la Asamblea también se escucha que el retiro de ese apoyo obedece a un pacto con el movimiento libertario, y ya el pueblo sabe que nada bueno para el país se puede esperar de estos pactos.
Todo esto lleva a sospechar en una posible privatización del agua, la que la OMC (Organización mundial del Comercio) y los tratados de libre comercio (TLC) consideran como un bien económico.
Esto no e mera casualidad, pues cuando intereses económicos privados, buscaban el control de los recursos hídricos del país, el camino les fue allanado por una modificación a la ley (recurso hídrico) que promovió la administración del expresidente José María Figueres Olsen, según advirtieron especialistas en la materia a medios de comunicación
Los rumores que corren en el país hablan de debilitar de las ASADAS pobres (acueductos rurales), quitándoles la subvención que les da Acueductos y Alcantarillados, para que mueran por inercia, y así poder entregar el agua y su administración a cooperativas.
Los bajos índices de participación que se da en este movimiento pueden hacer posible la toma de la organización por un grupo de dirigentes y la subsiguiente intromisión de los partidos políticos en la elección de sus autoridades. De allí a la privatización no habría más que un paso.
La propuesta cooperativa puede fracasar si los ciudadanos no intervienen en su mantenimiento y es cooptado por grupos a los que no les interesan los principios del cooperativismo.
No olvidar que empresas transnacionales están esperando cualquier oportunidad para apoderarse de este preciado líquido. El Banco Mundial (BM), propulsor de estos procesos de privatización estima en unos 800mil millones de euros las ganancias anuales con la privatización del agua para el 2025.
El BM ha declarado que los gobiernos de los países en desarrollo son incapaces de administrar servicios, como el del agua. Este banco y el Fondo Monetario Internacional impusieron los procesos de privatización del agua, como condición para conceder préstamos.
Estos bancos han creado una serie de organismos que asesoran a los países latinoamericanos y de otras latitudes para que acepten nuevas estrategias de administración del agua, considerándola como un bien económico, sugiriéndoles modos concretos de privatización y de cambios de leyes para lograr esos procesos.
Hace poco el BM adoptó una política de privatización del agua y también para la estipulación de su precio a un costo total. Esta política está causando gran aflicción en muchos países del Tercer Mundo, que temen que sus habitantes no puedan pagar la tarifa del agua. La resistencia a la privatización del agua surge cuando las compañías incrementan su margen de ganancia.
El negocio del agua, que es de un trillón de dólares anuales a nivel mundial, está controlado por tres compañías transnacionales: Suez Lyonnaise des Eaux, que tiene su sede en Francia, Vivendi Universal, también francesa y RWE, de Alemania. Las dos primeras, Suez Lyonnaise y Vivendi, controlan dos tercios del mercado mundial del agua privatizada.
Veamos todo lo que se nos viene encima si no defendemos nuestros derechos, si no defendemos lo que es nuestro. El agua es nuestra. La concesión es un modo de privatización. Después de meses, años, nuestra agua tendrá dueño.
Por eso el llamado de la Defensoría de los Habitantes a los diputados para que declaren al agua como un derecho humano y lo eleven a rango constitucional, cobra en estos momentos una importancia crucial. El agua como derecho humano tiene que tener rasgo constitucional
Concesiones mal negocio
En nuestro país el gobierno ha entregado concesiones a empresas nacionales y transnacionales para que comercien con el agua, las cuales están haciendo grandes negocios, con un líquido que es fundamental para la existencia. Sin agua no hay vida. El agua no es un bien económico es un derecho humano, lo que no cabe en la visión de estas empresas.
Primero fue el oro, luego el petróleo y ahora el agua. Monsanto, Bechtel y otras grandes multinacionales mundiales están buscando controlar los sistemas de agua y su abastecimiento.
El agua embotellada es el gran negocio de las transnacionales. Que lo diga la Coca Cola, que cuenta con una concesión en el país, que no solo nos vende agua, que es nuestra, sino que también la exporta a otros países. Cuánto gana en ese negocio y cuánto paga al país, no lo sabemos, lo que sospechamos es que debe ser muy poco, comparado con los millones que adquiere en este negocio.
El gobierno debe preocuparse más bien por garantizar agua potable a sus ciudadanos y a su aparato productivo y dar garantías necesarias para que el país, su entorno y su población cuenten con la cantidad y calidad de agua requeridas para hoy y mañana, y no entregarla tan fácilmente y sin vigilancia a manos privadas por medio de concesiones, que de por sí son un mal negocio para la nación. ¡Qué lo diga la carretera a Caldera!
El gobierno debe centrarse en fortalecer económicamente a AyA, que necesita, según informes de sus autoridades, $1500 millones para sustituir cañerías obsoletas, con más de setenta años, reedificar sistemas de agua potable y mejorar la distribución de los acueductos bajo su mando. Sin estos cambios los usuarios no tendrán un servicio eficiente y de calidad, que termine con fugas, desperdicios y suspensiones.
Despertemos, la concesión es un modo de privatización. Después de meses, años, nuestra agua tendrá dueño.
La Sala IV puso ya un freno a las concesiones de agua en Sta. Cruz, Guanacaste. No se podrán autorizar nuevas concesiones ni ampliar las ya otorgadas hasta que el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en el plazo de un año, aclare la capacidad de recarga del acuífero de la localidad.
Con las concesiones pasa igual que con las frecuencias de radio y televisión, pagan miserias y ganan millones de millones. Seguimos entregando a empresas nacionales y trasnacionales nuestros bienes por un plato de lentejas.
Urge organización popular
El pueblo tiene que organizarse para defender lo que es suyo, y el agua es su patrimonio, su derecho humano. Un pueblo desorganizado lo pierde todo hasta su dignidad. Nuestro pueblo tiene que despertar, la defensa de sus derechos solo la logará si está unido.
Lo primero que tenemos que hacer es despertar, muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor que nos están perjudicando, y no nos damos cuenta porque nos han programado. Aquellos que elegimos con nuestro voto no siempre están con nosotros. Muchas veces aprueban en la Asamblea Legislativa, no lo que el pueblo necesita sino lo que le interesa y le da dividendos a sus partidos.
Veamos lo que está pasando con el proyecto Crucitas. Todo se le sirve en bandeja a una transnacional canadiense. Los derechos de la tierra, de los árboles, de los ríos, de la flora y fauna, que son nuestros derechos, que nos dan vida, no solo no se respetan, sino que son entregados precios ridículos.
Tenemos que despertar para darnos cuenta de que lo que importa es la vida, toda vida, y esto lo vamos a lograr si despertamos y nos unimos, por encima de religiones, partidismos políticos, sexos, géneros, etc. La defensa de la vida tiene que unirnos. El agua está en peligro y nuestra vida también.
El Banco Mundial, el Fondo Monetarios y grandes empresas transnacionales andan detrás de ella, a la que han convertido en una mercancía para realizar sus grandes negocios, que solo traen pobreza y miseria a nuestros pueblos.
Exijámosle a la presidenta de la República, a los diputados, a los jueces la defensa de la vida, la defensa del agua, y de todos los derechos del pueblo.
Las iglesias, las universidades los sindicatos, los tres poderes del estado, el solidarismo y las ONG´s, entre otras organizaciones tienen sentido si defienden la vida, toda vida y los derechos del pueblo. Si ayudan al pueblo en su organización para que defienda sus derechos lo mismo el agua que es un derecho humano.
Sin un servicio eficiente y de calidad del agua no hay democracia.
Los nuevos intentos de despojarnos de nuestros bienes naturales, en este caso del agua, nos deben llevar a alcanzar normas constitucionales que aseguren para siempre nuestros derechos, como es entre otros, el derecho humano al agua.
Conclusión
Necesitamos construir la democracia del agua, no los mercados del agua. Necesitamos defender los derechos de los pueblos, no de las empresas. Necesitamos conservar el agua, no desperdiciarla.
Exijamos al poder ejecutivo, al legislativo y judicial el respeto a nuestros derechos. Que el agua se reconozca como un derecho humano con rango constitucional.
