Tragedia de Gandoca no termina continúa
Oscar Lápiz Villegas
¡Qué la trágica historia de Gandoca-Manzanillo, con toda la agresión y destrucción del medio ambiente que ha sufrido, se detenga, y no se repita en ninguno de nuestros parques y refugios ! Ese es el clamor de la mayoría del pueblo costarricense y de muchos extranjeros amigos.
Por intereses mezquinos se olvida, sobre todo por parte de ciertas personas, que la tierra, con sus bosques, ríos y mares, humedales y arrecifes, es un ser vivo, que siente, sufre, se alegra, nos envía señales, y quiere que la escuchemos y la respetemos con todos sus derechos, los mismos que los seres humanos pedimos respetar.
Claro que para que todo esto sea una realidad se necesita, entre otras cosas, un pueblo valiente, educado, consciente, organizado, amante y respetuoso de la naturaleza, que sepa protestar y exigir antes quienes corresponda el cumplimiento de leyes y convenios internacionales que protegen nuestra casa común, la tierra.
Además, un Estado que se comprometa con la misión que el pueblo le ha encomendado, de cuidar y proteger el gran ecosistema que es Costa Rica, y no lo entregue, como ya ha pasado, a la voracidad de ciertos urbanistas y políticos, que continúan haciendo negocios con sus recursos naturales, poniendo en peligro toda clase de vida, y privando a las futuras generaciones de disfrutar de la belleza y riqueza que nos da nuestra madre tierra.
Tristemente, la realidad es otra, pues la tragedia de Gandoca, símbolo de nuestros parques y refugios, no ha terminado, y ya se avecinan nuevos peligros para parques y refugios. Hay gente dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, para la cual todo es una mercancía, todo es negocio, que pretende eliminar la protección ambiental al refugio y convertirlo en otro Jacó, perpetuando así sus ganancias.
Hay un proyecto en la Asamblea, el 17211, según denuncian ecologistas, presentado por diputados de Liberación Nacional, que fieles a su trayectoria mercantilista quieren terminar con los parques nacionales y convertirlos en fuente de negocios.
La imagen creada por distintos gobiernos en el extranjero que presenta al país como modelo a seguir por su compromiso con el ambiente, se queda en el papel, pues se sigue entregando nuestra tierra y sus recursos a los grandes capitales, nacionales y foráneos.
El cuento de la política ambiental del gobierno
La historia oficial destaca que el Estado costarricense, desde hace tres décadas viene trabajando fuertemente en el uso, protección conservación del ambiente.
El último capítulo de esta historia lo dio a conocer La Nación el tres de noviembre. Allí se menciona que el país es líder en este campo por su balance entre ambiente equidad y desarrollo, situándose, según el PNUD por encima de Alemania, Filipinas y Suecia. La reforestación y acceso al agua colocan al país en sitio de privilegio.
Según la nota estos logros responden a inversiones realizadas en las décadas de los 80 y 90.
De hecho no se puede negar que Costa Rica ha hecho esfuerzos por recuperar parte de su riqueza ambiental, mediante la creación de parques nacionales, refugios y una legislación ambiental que pretende proteger sus recursos; pero lo que se pregona en el extranjero no siempre coincide con lo que se hace en el país, que lo diga el Refugio Gandoca-Manzanillo.
Se dice que el país es conocido internacionalmente por poseer las políticas ambientales más estrictas del continente, pero lo cierto es que en los últimos años, ha venido aflojando. Ahí están para probarlo las entregas de Playa Grande, Gandoca, Crucitas y Autopistas del sol, entre otros. Algo está pasando que huele a podrido.
El prestigio que se ha ganado en el extranjero por aquellas políticas no corresponde al interés y al cuidado que el gobierno pone en esta materia en nuestro territorio.
Según la CEPAL, uno de los principales problemas de la política ambiental del país es la carencia de criterios y normativa que integren y armonicen el ambiente y la explotación de los recursos naturales con las metas y objetivos del desarrollo económico.
Se constata que en ausencia de esas condiciones, la política ambiental se ha caracterizado por una acumulación desarticulada de regulaciones carentes de criterios integradores (Acuña y Orozco, 1997).
Se afirma también que esta política se basa en una gran cantidad de normativa, a menudo no muy clara y omisa respecto a la sanción penal o administrativa; a la vez, difícilmente aplicable, dada la debilidad del marco institucional y los efectos que tendría en sectores productivos específicos o en la macroeconomía.
Destaca La CEPAL que las mismas leyes han generado un caos institucional pues al faltar el respectivo apoyo financiero, no existen los recursos económicos y humanos necesarios para realizar los trabajos de control y monitoreo en los parques y refugios.
Aconsejan los especialistas que deben tomarse medidas urgentes, para que el país sea más coherente en el discurso que pregona en la escena internacional y los resultados concretos queal interno se producen.
Otros expertos denuncian que con frecuencia el poder ejecutivo desconoce o no valora los impactos producidos al ambiente por el desarrollo descontrolado de la zona costera. Ejemplo de esto es lo sucedido en las playas de Tamarindo, Grande, El Coco y Jaco, donde se han destruido ecosistemas, que el Estado se había comprometido proteger mediante Convenciones Internacionales, sobre todo en lo relacionado con humedales y tortugas marinas.
Esa falta de coherencia se notó también en el gobierno del ex presidente Arias al presentar a la Asamblea Legislativa una reforma que abriría la zona de Playa Grande al desarrollo inmobiliario, que sin la respectiva aprobación ya había violentado parte de la zona, poniendo en peligro a las ya amenazadas tortugas.
Igualmente, informaciones de prensa destacaron que dicho gobierno había propuesto reducir el nivel del parque a refugio, disminuyendo su protección a una franja de 75 metros de arena; de esta manera los propietarios ubicados dentro del parque podrían continuar con sus proyectos inmobiliarios, ahorrando al gobierno cientos de millones de dólares en pago por expropiación.
Olvidaban nuevamente, claro por conveniencia, que las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, sólo podrían reducirse por Ley de la República, después de realizados los estudios técnicos que justificaran dicha medida.
Gandoca expuesta
Con la destrucción de los hoteles la triste historia de Gandoca no termina, la tragedia continúa.
Los planes de los urbanizadores y las propuestas de algunos diputados para eliminar la categoría del refugio se mantienen. La misma Anacristina Rossi, dijo a CulturaCR.NET que no cree que este sea el final en Gandoca-Manzanillo
Los hoteles no eran Gandoca, eran parte del problema, pero no el problema, cómo lo daban a entender algunos medios y uno que otro político.
El semanario Universidad lo dijo muy claro. “No obstante la demolición de los inmuebles, el juego de intereses que existe en la región, donde confluye la ambición comercial de los desarrollistas y las tesis proteccionistas, aún arrojan un mar de dudas sobre el futuro de esta área protegida”.
Las luchas de "La Loca de Gandoca" eran contra la urbanización de la compañía Eurocaribeña, contra el proyecto de la francesa y contra la destrucción del refugio en general”, indicó Rossi.
La gente se pregunta, ¿qué nos queda del arrecife de coral y de su biodiversidad, de los humedales, de su bosque, de su laguna y de su flora y fauna?
María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, declaró al Semanario Universidad, que los daños ambientales en el refugio se evidencian por la destrucción del arrecife coralino, la desviación de aguas dulces, aguas estancadas y la destrucción de hábitats de animales, por lo que se impone la elaboración de un estudio del impacto.
Además señaló que existe una responsabilidad política del MINAET ya que los daños causados por la actividad hotelera produjeron una serie de secuelas al refugio.
El refugio está muy destruido pero aún quedan ciertos controles. Si lo desafectan esa zona va a ser un desastre, concluyó la novelista Anacristina Rossi.
Siguen los negocios con el ambiente
Ambientalistas denunciaron en Semanario Universidad proyecto presentado por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) que no es más que un intento maquillado para privatizar los parques nacionales, explotando la energía geotérmica dentro de sus límites.
Según afirman se trata de un plan para meter de lleno al país en el mercado eléctrico regional a costa de nuestra biodiversidad.
Para la ambientalista María Elena Fournier lo peor de este proyecto sería la introducción en las áreas silvestres protegidas de actividades generadoras de energía, que responden a la ambición de grupos económicos, defensores del gran negocio del mercado eléctrico mesoamericano, una de las colunmas vertebrales del Plan Puebla Panamá.
Además se permitirían otras actividades como sodas, tiendas, parqueos y otros servicios que se manejarían de forma privada, generando el desarrollo de asentamientos humanos dentro de los parques, lo mismo que la introducción de animales domésticos y otras alteraciones que podrían causar graves daños a los ecosistemas.
Según Roberto Molina, secretario general del sindicato del Minaet el proyecto introduce normas dirigidas a privatizar las áreas protegidas y a liberalizar el uso de esos ecosistemas.
Agrega que abre posibilidades para que particulares con supuestas motivaciones conservacionistas se encarguen del manejo de parques, sin establecer ningún requisito a seguir.
Lo cierto es que estos intentos responden a corrientes privatizadoras que caracterizan al PLN que quieren terminar con todo lo que es nuestro y que nos identifica, como La Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE, los puertos, las carreteras, los parques y los refugios, entre otros.
Igual que hace más de 500 años entregamos nuestro oro, nuestras riquezas, nuestra dignidad por cuentas de vidrio. Nuestra identidad por una sopa de lentejas; y esto hay que pararlo de una vez por todas. Exijámole a los miembros de los Supremos Poderes que cumplan con aquello para lo que fueron elegidos.
Preparémonos, formemos en nuestras comunidades grupos de reflexión sobre problemas nacionales; busquemos la ayuda de maestros y profesores jubilados, lo mismo que de las universidades públicas, que nospreparen, para que la venta de los ecosistemas no nos sorprenda como el ladrón, que llega cuando menos pensamos.
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